PRESENTACIÓN
La participación de las mujeres en la lucha por sus derechos es y fue una constante en la historia de Bolivia. Desde las primeras resistencias indígenas lideradas por heroínas como Bartolina Sisa, hasta las marchas contemporáneas por la igualdad y contra la violencia de género, las mujeres han tejido una historia de resistencia y transformación. Este recorrido no solo nos invita a reconocer los hitos que marcaron el movimiento feminista, sino también a recuperar la memoria histórica de las luchas, conquistas y los desafíos que aún persisten.
En este espacio digital, la tecnología se convierte en un puente que conecta el pasado con el presente, tomando en cuenta los hitos en la historia boliviana e internacional desde 1952 hasta la actualidad, permitiéndonos acceder, reflexionar y difundir las historias que han forjado el camino hacia la igualdad, mediante enlaces donde se puede ingresar para ampliar la información sobre el tema. Revisar y compartir estos relatos es un acto de justicia y compromiso para inspirar a nuevas generaciones en la construcción de un futuro más equitativo e inclusivo.
ANTECEDENTES
Antes de 1952, las mujeres bolivianas sentaron las bases de sus luchas por derechos civiles, sociales y políticos, desafiando las estructuras patriarcales. La expansión de la educación para las mujeres, liderada por figuras como Adela Zamudio, permitió cuestionar la desigualdad de género y desarrollar un pensamiento crítico desde la cultura y la literatura. Organizaciones como el Ateneo Femenino (1923) promovieron debates sobre el rol de las mujeres, su acceso a la educación y la lucha por el sufragio. Aunque los intentos de lograr el voto en los años 1920 y 1930 no prosperaron, marcaron un hito en la organización política de las mujeres. Durante la Guerra del Chaco (1932-1935), su rol, como enfermeras y organizadoras de apoyo, evidenció su capacidad de participar activamente en momentos críticos.
En las décadas siguientes, la fundación de la Federación de Mujeres de Bolivia (1940) impulsó demandas laborales, sociales y políticas. Su protagonismo en la Revolución Nacional (1940-1952), mediante movilizaciones y redes de apoyo, marcó su incursión en las luchas populares. Aunque la ciudadanía plena de las mujeres no se reconoció hasta el voto universal en 1952, estas acciones y organizaciones consolidaron los cimientos para la igualdad de derechos y la participación política de las mujeres en Bolivia.
La lucha de las mujeres bolivianas por la inclusión no solo ha transformado las estructuras políticas, sino que ha generado un cambio cultural profundo, inspirando a nuevas generaciones a continuar derribando barreras y construyendo una democracia más inclusiva. Este recorrido histórico refleja un compromiso colectivo que trasciende generaciones, demostrando que la lucha por la igualdad es esencial para el desarrollo de una sociedad más justa.
Si quieres saber más sobre el protagonismo de las mujeres en la historia de Bolivia, haz clic en el siguiente enlace:
DE 1952 A 1981
30 AÑOS ENTRE DICTADURAS Y MOVILIZACIONES SOCIALES
Bolivia vivió un periodo de dictaduras y movilizaciones sociales que impactaron profundamente en la lucha que las mujeres sostuvieron para alcanzar y ejercer sus derechos. A pesar de la represión, las mujeres, tanto amas de casa, como mineras, activistas, estudiantes y sindicalistas, desempeñaron un papel crucial en la resistencia y organización. Las mujeres no solamente exigieron democracia, sino también reivindicaciones específicas para concretar sus derechos como trabajadoras, madres y lideresas.
A pesar de los desafíos de la época, las mujeres destacaron por su valentía. Entre ellas: María Teresa Solari, presidenta de la Unión Cívica Femenina; Domitila Barrios de Chungara, Aurora Villarroel de Lora, Nelly Colque de Paniagua, que fueron parte de las Amas de Casa Mineras; Lidia Gueiler Tejada, primera presidenta interina de Bolivia, y Sabina Cuellar y Lucila Mejía de Morales, primeras dirigentas de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, entre otras.
1952
REVOLUCIÓN Y DERECHOS: EL VOTO UNIVERSAL Y LA REFORMA AGRARIA
La Revolución Nacional de 1952 marcó un hito en la historia boliviana al implementar el voto universal, lo que significó la integración de las mujeres y las comunidades indígenas al proceso político del país. Aunque este cambio otorgó ciudadanía plena a todas las personas mayores de edad, permitiendo por primera vez que las mujeres ejercieran su derecho al voto, no significó una transformación en la equidad de género ni en la representación política efectiva de la nueva población votante. En 1956, bajo este nuevo sistema, se celebraron las primeras elecciones nacionales con una participación histórica de casi un millón de votantes, lo que representó el 83% de las/os habilitados, un aumento significativo frente a los comicios de 1951. Hernán Siles Suazo ganó con una amplia mayoría.
En paralelo, la reforma agraria de 1953 transformó las estructuras rurales debido a la redistribución de tierras, proceso que impactó especialmente a las mujeres indígenas y campesinas. Aunque las asignaciones favorecieron mayoritariamente a los hombres, las mujeres comenzaron a demandar acceso igualitario a la propiedad y a los recursos productivos. Estos avances, aunque limitados por las barreras culturales de la época, sentaron las bases para la lucha por la justicia social, la equidad de género y la participación activa de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo político y social del país.
Foto: Periódico El Diario
VOTO UNIVERSAL
por Lourdes Montero | Feminista. Doctora en Ciencias Sociales
1961
LA RESISTENCIA DE LAS AMAS DE CASA MINERAS
Las esposas de mineros apoyaron a sus esposos en las huelgas y protestas frente a las duras condiciones de vida en los campamentos. De esta manera, en 1961, las amas de casa mineras se organizaron en el centro minero de Siglo XX y lideraron diferentes movilizaciones para exigir mejoras en alimentación, servicios básicos y salud, tras la nacionalización de las minas.
En 1971, Domitila Barrios de Chungara se convirtió en figura central del movimiento asumiendo su representación en la Asamblea del Pueblo, y destacando en la lucha contra la dictadura militar. Su nivel de resistencia marcó un hito significativo en la lucha de las mujeres bolivianas por conseguir justicia social y laboral.
Foto: Llallagua FOTOS antigua
Entre los años 1960 y 1980
El ciclo militar de dictaduras y represión se tradujo en la pérdida de derechos y el exilio de toda una generación. Este proceso recoge principios feministas internacionales, convirtiéndolos en portadores de una visión de la socialdemocracia europea. Así, se comienza a ampliar el derecho al reconocimiento de las mujeres en la participación política constituyéndose en eje fundamental para resolver las demás contradicciones y desigualdades.
INTERNACIONAL
DECLARACIÓN DEL DÍA Y AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER POR PARTE DE LA COMUNIDAD DE NACIONES UNIDAS
La primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en México en 1975 durante el Año Internacional de la Mujer, marcó un hito en la lucha global contra la discriminación de género, recordando a la comunidad internacional la persistencia de esta problemática en muchas partes del mundo. Este evento, junto con el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985), abrió un diálogo global sobre igualdad de género y sentó las bases para promover el avance de las mujeres, que se consolidó en las subsiguientes conferencias mundiales realizadas en Copenhague en 1980, Nairobi, en 1985 y Beijing, en 1995.
45 aniversario de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, 1975
1977
HUELGA DE HAMBRE NACIONAL CONTRA LA DICTADURA
El 28 de diciembre de 1977, Luzmila de Pimentel, Nelly de Paniagua, Aurora de Lora y Angélica Flores y Domitila Barrios de Chungara —algunas eran esposas de mineros dirigentes sindicales— junto a sus 14 hijos, tomaron las oficinas del Arzobispado de La Paz y se declararon en huelga de hambre, exigiendo al gobierno del general Hugo Banzer Suárez una amnistía general para los perseguidos políticos. Tres semanas después, aproximadamente 1.200 huelguistas se unieron al movimiento, mientras aumentaban las huelgas en las minas y fábricas, así como manifestaciones de apoyo y participación de la iglesia.
Esta huelga fue sostenida por una red articulada de mujeres que, además de organizar la acción, forjaron alianzas estratégicas con figuras clave como los sacerdotes jesuitas Xavier Albó y Luis Espinal, quienes se sumaron a la causa para amplificarla. Este evento, que fue decisivo para acelerar el proceso de transición democrática, consolidó el poder del liderazgo femenino en los movimientos sociales de Bolivia, sentando un precedente para la participación política activa de las mujeres en décadas posteriores.
Foto: APDH/ Alfonso Gumucio
(1937-2012)
Nacida en el pueblo minero de Llallagua (Potosí), Domitila creció en un entorno rural que la enfrentó con las dificultades y las injusticias inherentes a la vida minera. Su experiencia personal y la dura realidad de su comunidad la impulsaron a involucrarse en el activismo, organizando a las esposas de los mineros en busca de mejores condiciones de vida y justicia social.
A partir de la década de 1960, Domitila emergió como una figura clave en la lucha de las Amas de Casa Mineras. Su liderazgo destacó durante las huelgas y protestas contra la dictadura de René Barrientos, convirtiéndola en figura referente de la lucha política y social en Bolivia.
Durante la década de 1970, Barrios de Chungara también fue figura central en la huelga de hambre de 1977 que buscaba la restauración de la democracia y el fin de la dictadura de Hugo Banzer. Aunque enfrentó represión y dificultades, su valiente activismo ayudó a visibilizar la opresión y la resistencia de las mujeres mineras. Después de la huelga de hambre, Domitila se convirtió en figura internacional. Fue invitada a varios congresos y reuniones internacionales, y se publicó su autobiografía: «Si me permiten hablar» que forma parte de su gran legado.
Falleció en Cochabamba el 13 de marzo de 2012, pero su legado perdura como símbolo de la lucha por la justicia social y los derechos de las mujeres en Bolivia, y su influencia sigue inspirando a las generaciones futuras en la búsqueda de igualdad y dignidad.
1979
MANDATO DE LIDIA GUEILER TEJADA
Lidia Gueiler Tejada, quien fue presidenta de Bolivia entre 1979 y 1980, se destacó en la historia como la primera mujer en asumir la presidencia del país. Su carrera política se consolidó desde la participación activa que sostuvo en el movimiento de mujeres y en la defensa de los derechos humanos. Gueiler es símbolo de la resistencia frente a la dictadura y el patriarcado, habiendo sido parte del Comando de Las Barzolas, un grupo de mujeres que luchó durante el gobierno de facto de Hugo Banzer. Su liderazgo también reflejó su capacidad para enfrentar desafíos dentro de un entorno político dominado por hombres, abriendo puertas para la participación política femenina en el país.
Su mandato, aunque breve, fue crucial en la consolidación del proceso democrático en Bolivia. Gueiler Tejada demostró que las mujeres eran capaces de liderar en momentos de crisis política y en espacios históricamente negados a su participación. Ejemplo del poder de la organización femenina en un contexto político turbulento, marcó un hito en la historia de Bolivia, a través de la firma de la Convención CEDAW el 30 de mayo de 1980.
Lidia Gueiler Tejada jura como presidenta de Bolivia
1980
FUNDACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS DE BOLIVIA “BARTOLINA SISA”
El 10 de enero de 1980 se fundó la Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia “Bartolina Sisa” (FNMC-BS), bajo el liderazgo de Lucila Mejía de Morales y Sabina Cuéllar. Este ente matriz se fundó a raíz del papel decisivo que jugaron las mujeres de los sindicatos campesinos en contexto de dictaduras militares; convirtiéndose en un ente fundamental en la promoción de la participación política de las mujeres rurales y visibilizando sus demandas específicas. Años más tarde, en 2007, se convirtió en la actual “Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), enfocada en defender los derechos y mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas y campesinas.
Foto: Periódico El Diario
(1963)
Sabina Cuéllar Leañez es una dirigente campesina indígena y política boliviana reconocida por su papel en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y su liderazgo en el departamento de Chuquisaca. Nació en Ichupampa, Tarabuco, el 30 de enero de 1963, en una familia campesina de cuatro hermanos.
Se destacó como una figura clave durante el proceso de la Asamblea Constituyente (2006-2008), representando a su región en el trabajo y articulación de demandas indígenas dentro de un contexto de fuertes tensiones sociales. En 2008, fue elegida como prefecta de Chuquisaca, convirtiéndose en la primera mujer indígena en ocupar este cargo. Su mandato fue controversial, ya que asumió una postura crítica frente al gobierno de Evo Morales, especialmente en torno al debate sobre la autonomía departamental.
El liderazgo de Sabina Cuéllar simboliza los desafíos que enfrentan las mujeres indígenas en la política boliviana, marcando un precedente sobre la importancia de incluir sus voces en los procesos democráticos y en la construcción de una sociedad plural.
1982 A 1989
En la década de 1980, tras años de dictaduras, Bolivia vivió una transición hacia la democracia que también marcó un punto de inflexión para el movimiento feminista. Las mujeres se organizaron en congresos y encuentros para demandar igualdad en educación, empleo y participación política, así como la erradicación de la violencia de género. Aunque el Estado enfrentaba una crisis y no priorizaba estas demandas, surgieron ONG feministas que lograron incidir en la agenda pública. Este periodo fue clave para vincular la lucha por la igualdad de género con la construcción democrática del país, sentando las bases para importantes avances legislativos en las próximas décadas.
Mujeres destacadas como Clara Torrico, Gloria Ardaya, Amalia Decker, Ana Quiroga, Remedios Loza, Mónica Medina, Wilma Plata, Carmen García y Erika Brockmann, entre otras, desempeñaron un papel crucial en el fortalecimiento de este movimiento, contribuyendo a consolidar avances significativos, desde sus diversas trayectorias y luchas.
1982
RETORNO A LA DEMOCRACIA
El 10 de octubre de 1982, Bolivia marcó un cambio histórico con el retorno a la democracia, cuando, tras intensa presión social e internacional, se reconocieron los resultados electorales de 1980. De esta manera, Hernán Siles Zuazo asumió la presidencia, poniendo fin a 32 años de regímenes autoritarios, ya que el golpe militar liderado por Luis García Meza en 1980 anuló las elecciones en las que había triunfado como candidato de la Unidad Democrática y Popular (UDP). Esta alianza de fuerzas progresistas proyectaba un gobierno comprometido con la democracia y la justicia social. Sin embargo, la dictadura desató una etapa de represión que impactó especialmente a las mujeres, quienes enfrentaron violencia política y exclusión.
El retorno democrático fue también un catalizador para la movilización de las mujeres, quienes intensificaron sus luchas por la igualdad de género y la participación política. Aprovechando la apertura política, organizaron talleres, campañas y protestas que visibilizaron las problemáticas de género ignoradas durante las dictaduras. Este nuevo contexto permitió a mujeres lideresas, muchas de ellas vinculadas a movimientos sociales, consolidar sus demandas, sentando las bases para futuras conquistas, como la incorporación de agendas feministas y la lucha por derechos que transformarían el escenario político y social en décadas posteriores.
Foto: Periódico El Diario
1983
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EMERGENTES EN EL CONTEXTO NACIONAL
En la década de 1980, durante el retorno a la democracia en Bolivia, emergieron organizaciones clave de lucha por los derechos de las mujeres, como el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), el Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI), el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza y el Centro Juana Azurduy, entre otras. Estas organizaciones nacieron de la necesidad de abordar demandas específicas relacionadas con género que no eran priorizadas por los partidos políticos tradicionales, como el MIR, de donde muchas de las pioneras de estas organizaciones son disidentes.
Foto: AFP
Varias fundadoras, que habían enfrentado la represión durante las dictaduras, fueron encarceladas, golpeadas y, en muchos casos, exiliadas a países como Holanda y otros de la socialdemocracia europea. Durante su exilio, se vincularon a movimientos feministas que influyeron profundamente en sus perspectivas, y al regresar a Bolivia participaron en numerosas reuniones que culminaron con la creación de estas organizaciones.
Este hecho representó un hito histórico para la articulación de demandas feministas, en un contexto democrático recién recuperado. Se enfocaron en temas como la violencia de género, la formación política y el empoderamiento de las mujeres, mientras impulsaban la creación de ONG especializadas en derechos para las mujeres. Este proceso sentó las bases para una agenda feminista autónoma que trascendió las lógicas partidarias y promovió la justicia social con perspectiva de género. Su legado continúa siendo esencial para la defensa y avance de los derechos de las mujeres en Bolivia.
Mujeres como Clara Torrico, Gloria Ardaya, Amalia Decker y Ana Quiroga, entre otras, fueron claves para el fortalecimiento de este movimiento.
1985
EL PERIODO NEOLIBERAL EN BOLIVIA
El periodo neoliberal en Bolivia comenzó en 1985 con la implementación del Decreto Supremo 21060 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro. Este decreto marcó un cambio radical en la política económica del país, adoptando medidas como la liberalización de mercados, privatización de empresas estatales, la relocalización de mineros y un ajuste estructural recomendado por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), impactando profundamente a la sociedad, especialmente a las mujeres, quienes enfrentaron mayor precariedad laboral y desigualdad. Una gran mayoría de mujeres de familias numerosas mineras asumieron roles clave en la economía informal y lideraron protestas contra estas políticas.
Aunque estas políticas buscaban controlar la hiperinflación y modernizar la economía, también profundizaron las desigualdades, el desempleo y la precarización laboral, especialmente para las clases populares y comunidades trabajadoras dependientes de la minería. Para las mujeres, este periodo profundizó la feminización de la pobreza debido a los despidos masivos y la reducción de servicios sociales esenciales. Sin embargo, este proceso también favoreció a la organización feminista con la creación de ONG y redes que abogaron por derechos laborales, salud y educación con enfoque de género, cuestionando las políticas excluyentes del neoliberalismo.
Foto: ApoyoGráfico All rights reserve
PRIMERAS PROTESTAS POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN BOLIVIA
Las primeras marchas feministas en Bolivia, entre 1983 y 1986, marcaron un hito en la historia del movimiento de mujeres. En La Paz, las movilizaciones comenzaron en 1983, cuando mujeres denunciaron las secuelas de las dictaduras y su exclusión de los espacios de poder, impulsando demandas por igualdad política y social. En 1985, las manifestaciones apuntaron a las políticas de ajuste estructural, que profundizaban la pobreza, afectando especialmente a las trabajadoras.
En Sucre, las marchas, realizadas a partir de 1984 visibilizaron a las mujeres campesinas e indígenas, lideradas por organizaciones como las Bartolinas, articulando demandas de género con justicia social. En El Alto, entre 1985 y 1986, mujeres como las Amas de Casa Mineras lideraron protestas contra el neoliberalismo y la violencia doméstica, destacando la precarización de las familias trabajadoras. Estas movilizaciones conectaron el enfoque de género, los derechos humanos y la justicia social, sentando las bases para un movimiento feminista inclusivo y combativo.
Foto: Periódico El Diario
UNA DE LAS PRIMERAS MARCHAS INTERPELADORAS
por Erika Brockmann | Ex Asambleista Nacional
1986
Marcha por la vida
Era agosto de 1986. La Federación de Mineros y varios sindicatos se habían reunido en Oruro, en la plaza del Socavón, y decidieron marchar hacia La Paz para reclamar contra las disposiciones del Decreto Supremo 21060. Entre esas medidas estaba una que golpeaba de cerca: el despido de más de 20.000 trabajadores mineros, entre ellos también personal del magisterio.
La marcha comenzó. Fueron días de sol y noches de frío en la ruta hacia La Paz. Al llegar a la localidad de Calamarca, los pies estaban adoloridos, los rostros quemados y el cansancio era evidente. La columna, encabezada por los mineros, el magisterio y las amas de casa, fue reprimida y finalmente disuelta.
La heroica “Marcha por la Vida y la Paz” reunió a cerca de 10.000 mineros, acompañados por sus esposas y, en algunos casos, familias enteras que decidieron caminar desde Oruro hasta La Paz. En el trayecto recibieron un apoyo impresionante desde las ciudades. Durante los cinco días de recorrido, los campesinos y vecinos de los poblados por donde pasaban también expresaron su respaldo. En Patacamaya, el Ejército los obligó a ser revisados, pero al no encontrar dinamita ni otro tipo de armas, se les permitió continuar la marcha.
FUNDACIÓN DE LA COORDINADORA DE LA MUJER
La Coordinadora de la Mujer fue fundada en 1986, en el contexto de las demandas de equidad de género que marcaron la Tercera Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Nairobi en 1985. Nació en La Paz y se amplió a nivel nacional, a través de una alianza de organizaciones feministas que integró a mujeres en toda Bolivia.
Desde sus inicios, la Coordinadora de la Mujer se ha dedicado a reflexionar, formar y proponer políticas dirigidas a mejorar la situación de las mujeres, integrando actores tanto estatales como de la sociedad civil.
Este espacio ha impulsado el reconocimiento de las mujeres como sujetas activas en el desarrollo sostenible, articulando estrategias desde una perspectiva política y social inclusiva.
Historia de la Coordinadora de la Mujer
Video: Coordinadora de la Mujer
UNA INSTITUCIÓN PARA TENDER PUENTES
por Ana Quiroga | Feminista. Una de las fundadoras de la Coordinadora de la Mujer
1989
POLLERAS EN EL PARLAMENTO BOLIVIANO
En 1989, Francisca Remedios Loza Alvarado, más conocida como Comadre Remedios, se convirtió en la primera mujer diputada indígena del país, desafiando los estereotipos de género y de raza en una sociedad profundamente patriarcal.
Remedios Loza rompió barreras históricas al acceder al Parlamento, simbolizando la visibilización y el reconocimiento de las mujeres de pollera en espacios de poder que tradicionalmente les habían sido negados. No solo se destacó como pionera política, sino también como ícono de resistencia y empoderamiento, inspiró a numerosas mujeres de pollera a involucrarse en la vida pública y a luchar por sus derechos.
Su trayectoria política aportó a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa en Bolivia, sentando las bases para futuras generaciones de mujeres que continúan desafiando las estructuras de poder y promoviendo la equidad de género.
Foto: Archivo RTP
DÉCADA DE 1990
Las organizaciones de mujeres y feministas se consolidaron durante esta década, desempeñando un papel crucial en las reformas legislativas en favor de la participación de mujeres, generando mayor inclusión y cohesión en el Parlamento, y evidenciando el papel fundamental que desempeñan en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Gracias al esfuerzo colectivo de organizaciones clave de mujeres, se lograron importantes avances que transformaron la realidad, consolidando un camino hacia una sociedad más justa e inclusiva. En este contexto destacaron personalidades como Sonia Montaño, Carmen Beatriz Ruiz, Patricia Flores, Wilma Plata, Sonia Brito, Julia Ramos y Margarita Terán, entre otras.
También fue un periodo en el que se dio inicio al reconocimiento de acuerdos internacionales que Bolivia había suscrito en años pasados, como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), y los compromisos de la Conferencia de Beijing en 1985 que consolidaron una plataforma global para los derechos de las mujeres. Este hito derivó de un contexto de creciente activismo feminista en el país y la articulación con luchas internacionales por la equidad de género. En el ámbito educativo, se implementaron programas para reducir la brecha de género en la alfabetización y en el acceso a la educación primaria y secundaria, reconociendo la importancia de la educación como herramienta fundamental para el empoderamiento de las mujeres y la promoción de la equidad social.
1990
BOLIVIA RATIFICA LA CEDAW “CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER”
El 8 de junio de 1990, Bolivia ratificó su adhesión a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que es una agenda política que obliga a los gobiernos y a los Estados a incorporarla en distintos ámbitos de la vida familiar, pública, privada y polìtica, para que las mujeres logren un nivel de convivencia igualitaria en su propia sociedad. Hasta ese entonces, Bolivia era uno de los pocos países que aún no la había ratificado. Estando ya en etapa democrática, en el periodo presidencial de Jaime Paz Zamora se logró la ratificación por parte del Estado boliviano.
Foto: Human Rights Educators USA
1993
CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORAS DEL HOGAR DE BOLIVIA (FENATRAHOB)
El 28 de marzo de 1993, durante el «Primer Congreso Nacional de las Trabajadoras del Hogar», se fundó la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia FENATRAHOB. Esta organización reivindicativa, que agrupa a más de 10,000 trabajadoras del hogar en todo el país, ha sido esencial para visibilizar la importancia del trabajo de cuidados. Así como el reconocimiento de las labores de limpieza y de personas como fundamentales para el bienestar social y económico. Esta organización agrupa a más de 10,000 trabajadoras del hogar en todo el país.
La Federación impulsó cambios legislativos importantes, destacando la Ley N° 2450 de 2003, Ley de regulación del trabajo asalariado del hogar y garantiza derechos básicos como salario mínimo, jornadas justas y seguridad social. Asimismo, defiende y promueve los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, un sector históricamente ejercido por mujeres y subvalorado en la sociedad boliviana.
Foto: FENATRAHOB
CREACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS DE GÉNERO (SAG)
En agosto de 1993 se crea el Ministerio de Desarrollo Humano y, bajo su dirección, la Secretaría Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales y la Subsecretaría de Asuntos de Género, siendo un logro histórico impulsado por el movimiento de mujeres que buscaba instalar una instancia en el Poder Ejecutivo para promover avances en cuanto a la integración de la perspectiva de género en el desarrollo humano y sostenible, impulsando leyes y reformas favorables a los derechos de las mujeres y promoviendo su participación en la política y en el aparato estatal. En esta Subsecretaría, creada durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, participaron destacadas feministas como Sonia Montaño, Carmen Beatriz Ruiz y Patricia Flores, entre otras.
Foto: Observatorio de Género – Coordinadora de la Mujer
1994
LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994
La reforma constitucional de 1994 en Bolivia fue un paso decisivo hacia la construcción de un Estado más inclusivo y representativo, promoviendo un sistema democrático que reconociera la multiculturalidad y los derechos colectivos. Su principal objetivo fue descentralizar el poder y modernizar el Estado, garantizando una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Este cambio no solo reconoció a los pueblos indígenas como parte fundamental del Estado, sino que también abrió un espacio importante para la participación política de las mujeres en todos los niveles, estableciendo las bases para el desarrollo de políticas de igualdad de género en años posteriores.
También sentó precedentes legales clave al incluir el reconocimiento de derechos fundamentales que permitieron la creación de leyes de equidad de género en el ámbito político y social. También se estableció el derecho a la representación política de sectores históricamente marginados, incluyendo a las mujeres. Además, se inició el camino hacia una mayor institucionalización de la protección y promoción de los derechos de las mujeres, reforzando su rol como actoras activas en la construcción de un Estado inclusivo y equitativo.
En esta reforma constitucional, Mónica Medina de Palenque jugó un papel destacado, ya que fue una de las impulsoras clave de cambios fundamentales como la descentralización y la creación de prefecturas elegidas por voto popular, fortaleciendo la democracia participativa.
Foto: Periódico Última Hora
SE PROMULGA LA LEY 1551 DE PARTICIPACIÓN POPULAR
La Ley de Participación Popular de 1994, fue promulgada el 20 de abril de 1994 y apodada como la «Ley Maldita» por sectores afectados por el neoliberalismo instaurado con el Decreto Supremo 21060 de 1985. Este decreto había impulsado la relocalización de mineros y la desindustrialización, dejando a muchas familias sin sustento. Al descentralizar el poder y asignar recursos directamente a las comunidades, la ley 1551 facilitó la organización de mujeres a nivel local, permitiéndoles involucrarse en la toma de decisiones en sus territorios y exigir que se respondiera a sus necesidades específicas, como salud, educación y seguridad. Este acceso formal a la política local también representó un avance hacia el reconocimiento de las mujeres como agentes de cambio en sus propias comunidades, desafiando la exclusión histórica que habían vivido debido a estructuras patriarcales. Sin embargo, esta Ley también fue advertida como un intento de contener el malestar social redistribuyendo mínimamente beneficios, sin revertir el modelo neoliberal, limitando avances hacia la equidad estructural y diluyendo luchas colectivas históricas.
Foto: EJU.TV
GÉNERO Y PODER EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, BELÉM DO PARÁ 1994
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, fue adoptada en 1994 en Brasil y se convirtió en el primer tratado internacional en definir la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales. La convención establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y visibiliza este fenómeno como una barrera para el desarrollo social y democrático. La convención también plantea que la violencia puede ocurrir en el ámbito privado y público, destacando la necesidad de proteger la integridad física, sexual y psicológica de las mujeres en todos los espacios.
Este instrumento internacional introduce, por primera vez, el desarrollo de mecanismos específicos para la protección y defensa de los derechos de las mujeres como medidas fundamentales en la lucha contra la violencia de género. Los Estados firmantes asumen el compromiso de implementar cambios estructurales, legislativos y culturales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, promoviendo la igualdad de género a través de políticas públicas, acceso a la justicia y servicios de apoyo integrales. A pesar de los desafíos, la convención ha sido clave para fortalecer la agenda de derechos humanos de las mujeres en América Latina y el Caribe, impulsando avances en las legislaciones nacionales y la creación de sistemas de monitoreo y evaluación de su cumplimiento.
Foto: OEA – CIM
1995
MÁS PRESENCIA DE MUJERES EN EL PARLAMENTO: UMPABOL
La gesta de la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (UMPABOL) surgió en un contexto de reformas políticas orientadas a fortalecer la participación de las mujeres en espacios de decisión y representación política. Emergió como una iniciativa impulsada por mujeres parlamentarias y designadas de partidos políticos, que buscaban hacer frente a la discriminación y al limitado acceso a roles de liderazgo dentro del Congreso.
UMPABOL comenzó su trabajo promoviendo políticas de igualdad de género y respaldando iniciativas legislativas para defender los derechos de las mujeres, organizando campañas de sensibilización, apoyando a mujeres candidatas y abogando por un entorno político más inclusivo. Gracias a estos esfuerzos, se logró una mayor presencia de mujeres en el Parlamento, lo que no solo mejoró la representación de género sino que también enriqueció el debate político con perspectivas diversas y enfocadas en las necesidades de la población femenina.
A lo largo de su historia, UMPABOL, creada oficialmente el 24 de marzo de 1998 por resolución 212/9798 de la Cámara de Diputados, ha impulsado el avance de leyes clave para la protección de los derechos de las mujeres, como la Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica de 1995. También se constituyó como plataforma de articulación política para las parlamentarias, independientemente de su filiación partidaria.
Foto: Archivo RTP
LEY 1674
¡POR FIN UNA LEY CONTRA LA VIOLENCIA
EN LA FAMILIA O DOMÉSTICA!
El 15 de diciembre de 1995 se promulgó la Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica, como respuesta inicial a la creciente demanda social de protección para las mujeres frente a la violencia en el ámbito familiar. La mencionada ley define y sanciona la violencia física y psicológica dentro del hogar y establece mecanismos para denunciar, pero todavía mantiene la violencia como un asunto privado. En su momento, fue un avance significativo, pero limitado en el alcance y efectividad por la falta de perspectiva de género específica en sí misma y el enfoque de protección a cualquier persona en situación de violencia dentro del entorno familiar. Por otro lado, era altamente conciliadora lo cual a menudo permitía que los agresores pudieran evitar sanciones mediante acuerdos que no garantizaban la protección de las mujeres víctimas.
Un acierto de la ley fue la creación de las Brigadas de Protección a la Familia como instancias operativas destinadas a brindar auxilio inmediato a las víctimas de violencia intrafamiliar para asegurar evidencias y facilitar la individualización de los agresores. Pese a que su implementación buscaba proteger los derechos de las mujeres y otros integrantes de las familias afectadas por violencia, su eficacia fue cuestionada debido a limitaciones en recursos y capacidades operativas.
Sitio web: https://biblioteca.lapaz.bo/
1996
SE CREA EL FORO POLÍTICO DE MUJERES
“Por impulso de la Subsecretaría de Asuntos de Género se conforma el Foro de Mujeres Políticas, que posteriormente se refundaría con el nombre de Foro Político de Mujeres, sujeto colectivo conformado por la Coordinadora de la Mujer (CM), Plataforma de la Mujer, Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (UMPABOL) y la Subsecretaría de Asuntos de Género (SAG), además de mujeres del sistema político, tanto militantes como parlamentarias, y al que más tarde se sumarían representantes del movimiento de mujeres y de organizaciones de la sociedad civil, y que impulsarían la discusión de la Ley de Cuotas.”
“Paso a paso, Así lo hicimos”. Avances y desafíos en la participación política de las mujeres.
Coordinadora de la Mujer e IDEA Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2011.
LA SEGUNDA MARCHA INDÍGENA «POR LA VIDA Y EL TERRITORIO»
La segunda marcha indígena de las tierras bajas de Bolivia en 1996, conocida como la «Marcha por el Territorio, la Dignidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas», surgió en un contexto de lucha por la defensa de los territorios ancestrales y los derechos de los pueblos indígenas en medio de una creciente explotación de recursos naturales. Este movimiento fue liderado por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), y movilizó a comunidades de las tierras bajas desde Trinidad hasta La Paz, demandando el reconocimiento y titulación de los territorios indígenas colectivos.
La primera marcha de 1990 «Por el territorio y la dignidad», demandaba al Estado el reconocimiento de la existencia y el derecho a la propiedad de los territorios donde habitan ancestralmente los pueblos indígenas de tierras bajas. Sin embargo la demanda no fue atendida generando frustración entre las comunidades indígenas. En ese contexto, el gobierno incumplió varios compromisos, como garantizar el acceso efectivo a los territorios reconocidos y protegerlos frente a intereses extractivistas. Debido a ello, en 1996 las comunidades indígenas de tierras bajas protagonizaron la segunda marcha indígena.
Las demandas principales de esta segunda marcha incluyeron la titulación de tierras, la consulta previa en proyectos extractivos y el respeto a los derechos colectivos reconocidos en la normativa nacional e internacional. En este proceso, las mujeres indígenas desempeñaron un papel fundamental, destacándose como lideresas, cuidadoras y voces clave para visibilizar las demandas de sus comunidades. Su participación no solo fue activa en la logística y organización de la marcha, sino también en la articulación de un discurso que enfatiza la defensa de la vida, la tierra y el territorio como parte integral de sus identidades culturales. Este hito permitió que las mujeres indígenas consolidaran su papel como lideresas y defensoras de sus derechos, marcando un precedente en la lucha por la equidad de género en los movimientos sociales bolivianos.
Foto: Periódico El Diario
1997
CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GÉNERO Y EL VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE GÉNERO, GENERACIONALES Y FAMILIA
Lo que en primera instancia fue la Subsecretaría de Asuntos de Género, en 1997 se convirtió en Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y Familia en Bolivia, con su correspondiente Dirección de Género. Este paso se dio como resultado de un proceso de fortalecimiento institucional impulsado por el reconocimiento de la importancia de promover la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres en las políticas públicas.
La transformación surge a raíz de la implementación de estrategias internacionales, como la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, que alentó a los Estados a desarrollar mecanismos institucionales para garantizar la equidad de género. En este contexto, el Viceministerio se configuró como una entidad clave para coordinar políticas y programas enfocados en mujeres, juventud y familia. Por su parte, la Dirección de Género articuló acciones concretas de empoderamiento y equidad. Este proceso refleja una evolución hacia el reconocimiento del rol central de las mujeres en la construcción de una sociedad más equitativa
Foto: LexiVox, Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer
LA LEY 1779 INCORPORA LAS CUOTAS DE GÉNERO
Ante los avances innegables en materia de derechos para las mujeres, el sistema patriarcal todavía se resistía a la incorporación de mujeres en el ámbito político y público. Gracias a la iniciativa y al trabajo de las mujeres organizadas y políticas, fue que en 1997 se sancionó la Ley 1779, que estableció que al menos el 30% de las candidaturas en las listas electorales de los partidos políticos debían ser ocupadas por mujeres. Esta legislación fue un hito en la lucha contra la subrepresentación femenina en los espacios políticos, aumentando significativamente el número de mujeres en el Congreso Nacional y en otras instancias de gobierno. La implementación de esta ley representó una victoria crucial para la igualdad de género en la política boliviana, asegurando que más mujeres tuvieran acceso a cargos de decisión y pudieran influir en la creación de leyes y políticas públicas. Este logro también derivó de la participación de Bolivia en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Beijing en 1995.
Foto: Periódico El Diario
REPRESENTACIÓN DE MUJERES: DE LA NORMA A LA REALIDAD POLÍTICA
por Katia Uriona | Feminista. Ex Presidenta del Tribunal Supremo Electoral
1998
CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensoría del Pueblo en Bolivia se creó como una institución clave para la protección y promoción de los derechos humanos. Su origen se sitúa en la reforma constitucional de 1994, que introdujo este organismo descentralizado inspirado en modelos internacionales para garantizar el cumplimiento de derechos frente a vulneraciones del Estado y de terceros.
Posteriormente, se promulgó la Ley N.º 1818 el 22 de diciembre de 1997, que definió su estructura y atribuciones. La primera Defensora del Pueblo, Ana María Romero de Campero, fue elegida unánimemente en marzo de 1998 y asumió funciones el 1 de abril de ese mismo año, junto a un equipo de profesionales multidisciplinarios comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la promoción de la justicia social. Su liderazgo y capacidad de unificación marcó el inicio de una institución que, pese a desafíos como la politización y limitaciones presupuestarias, sigue siendo vital para la defensa de los sectores vulnerables en Bolivia
Foto: Periódico La Razón
(1941-2010)
Ana María Romero de Campero fue una destacada periodista, escritora y política boliviana, pionera en la defensa de los derechos humanos y equidad de género. Nació en La Paz, estudió periodismo en Chile y sociología en Bolivia, destacándose como una de las primeras mujeres en ocupar espacios relevantes en medios nacionales. Fue editora y directora en el periódico Presencia, donde consolidó su reputación como profesional comprometida con la justicia social. En 1990, recibió el Premio Nacional de Periodismo, en reconocimiento a su ética y a su valiosa contribución al fortalecimiento de la democracia en tiempos de convulsión política. Colaboró con organismos internacionales y realizó investigaciones sobre temas de equidad y derechos humanos, logrando reconocimiento por su trabajo en favor de los sectores más vulnerables.
En 1998, fue elegida como la primera Defensora del Pueblo en Bolivia. Durante su gestión, que se extendió hasta 2003, marcó un antes y un después en la promoción de derechos fundamentales, por el enfoque especial en la protección de mujeres, niños, pueblos indígenas y comunidades históricamente marginadas. Su gestión se caracterizó por una profunda cercanía con las necesidades del pueblo, especialmente en un contexto de conflictividad social, como el enfrentamiento de la denominada «Guerra del Agua» en Cochabamba, donde intercedió en defensa de los derechos ciudadanos.
Ana María Romero de Campero dejó un legado que sigue vigente. Falleció el 26 de octubre de 2010 en La Paz y es recordada como símbolo de integridad, valentía y servicio. Su significativa labor trascendió las fronteras del periodismo y la política, convirtiéndola en un referente de inspiración para generaciones futuras.
1999
CREACIÓN DE ACOBOL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES
La Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (ACOBOL) es una organización nacional que representa a mujeres electas en cargos municipales, como concejalas y alcaldesas. Fue fundada el 13 de agosto de 1999, estableciéndose como respuesta al acoso político y las dificultades que las mujeres enfrentaban en espacios municipales, donde su participación era limitada y a menudo mal recibida. Como entidad civil sin fines de lucro y multipartidaria, ACOBOL trabaja para fortalecer la presencia y los derechos de las mujeres en la política local, promoviendo la equidad y ayudando a reducir las barreras de desigualdad en el ámbito municipal. Su estructura incluye nueve asociaciones departamentales, lo que le permite articularse en todo el país y representar institucionalmente a las mujeres en los gobiernos municipales.
ACOBOL contribuye a la defensa de los derechos políticos de las mujeres, fortaleciendo sus capacidades de gestión pública y promoviendo la incorporación de una perspectiva de género en las políticas municipales. Este trabajo es fundamental en el contexto boliviano, donde el acoso y la resistencia a la participación de las mujeres en política son desafíos constantes. Además, ACOBOL fomenta la creación de un entorno de apoyo y capacitación, ayudando a las mujeres líderes a navegar y transformar los espacios políticos, creando condiciones más inclusivas que representan los intereses de toda la comunidad.
Foto: ACOBOL
Foto: ACOBOL
DÉCADA DE 2000
La década de 2000 a 2010 en Bolivia fue un periodo de intensas transformaciones políticas y sociales, impulsadas por la inconformidad popular ante políticas neoliberales y extractivistas que culminaron en dos hitos históricos: la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003). Estos levantamientos masivos en Cochabamba y El Alto, respectivamente, marcaron el rechazo a la privatización de recursos naturales esenciales, como el agua y el gas, evidenciando un profundo malestar con el modelo económico impuesto en las décadas previas. Las movilizaciones, protagonizadas por diversos sectores sociales, incluidas mujeres indígenas y campesinas, derivaron en la renuncia de presidentes como Gonzalo Sánchez de Lozada y abrieron un nuevo capítulo en la historia política del país con el ascenso de Evo Morales en 2006, tras un un punto de inflexión en el contexto de crisis política y social. Su gobierno, respaldado por movimientos sociales y feministas, impulsó la Asamblea Constituyente (2006-2009), donde las mujeres lograron avances significativos, como la inclusión de la paridad y alternancia de género en la nueva Constitución de 2009. Además, se fortalecieron las demandas por la descolonización y la despatriarcalización del Estado. Aunque este periodo consolidó derechos históricos, también evidenció tensiones en torno a los modelos de desarrollo y la lucha contra la desigualdad de género.
Mujeres representativas de diferentes espacios, como Silvia Lazarte, Mirtha Quevedo, Norah Soruco, Leonilda Zurita, Lupe Pérez, Ángela Fuentes, entre otras, emergieron como voces presentes en un periodo histórico que marcó la historia de Bolivia.
2000
LA GUERRA DEL AGUA
La Guerra del Agua, ocurrida en Cochabamba en el año 2000, fue un levantamiento popular en respuesta a la privatización del servicio de agua potable. Esta decisión fue parte de las políticas neoliberales impulsadas durante el gobierno nacional de Hugo Banzer Suárez y de Manfred Reyes Villa como alcalde local, quienes otorgaron la concesión del suministro de agua a la empresa Aguas del Tunari, un consorcio empresarial formado por Bechtel, la empresa norteamericana Edison, la española Abengoa, Politropolis, Petricevich y SOBOCE, aumentando drásticamente las tarifas e incluso gravando el uso de agua de lluvia. La población —especialmente las mujeres, principales gestoras del agua para el consumo doméstico y la agricultura—, sufrió el impacto directo de estas medidas, viéndose obligada a organizarse para defender un recurso esencial para la vida. Los sectores afectados, entre ellos campesinos, regantes y organizaciones vecinales, formaron la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, y entre enero y abril de 2000, se desarrollaron intensas protestas, bloqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, dejando cientos de heridos y el lamentable fallecimiento del joven Víctor Hugo Daza.
El conflicto culminó con la expulsión de Aguas del Tunari y la anulación del contrato, marcando un hito en la lucha por el derecho al agua como bien público. Este evento fortaleció el movimiento social en Bolivia y sentó las bases para futuras luchas contra las políticas neoliberales, subrayando la capacidad de resistencia colectiva de las comunidades marginadas.
Las mujeres cochabambinas tuvieron un papel protagónico en las movilizaciones, desde el liderazgo de protestas hasta garantizar la sostenibilidad del movimiento a través de redes de apoyo comunitario. Su participación evidenció la relación crucial entre género y acceso a recursos, resaltando las desigualdades que enfrentan en contextos de crisis.
Autor: Aldo Cardoso
2003
LA GUERRA DEL GAS
La Guerra del Gas, ocurrida en octubre de 2003, marcó un antes y un después en la historia política de Bolivia. Este conflicto tuvo sus raíces en décadas de exclusión social y económica, exacerbadas por las políticas neoliberales de los años 90. El detonante fue la propuesta del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas natural a Estados Unidos y México utilizando un puerto en Chile, país con el que Bolivia mantiene una relación tensa por la pérdida del litoral en la Guerra del Pacífico. Esta decisión, vista como un acto de entrega de los recursos nacionales a intereses extranjeros, generó indignación entre diversos sectores sociales.
Las protestas comenzaron en El Alto y se expandieron rápidamente hacia La Paz y otras regiones. El rechazo al proyecto gasífero se sumó a demandas históricas por mayor inclusión y respeto a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas. Durante las movilizaciones, mujeres alteñas jugaron un rol central organizando bloqueos, coordinando la logística en barrios, y liderando marchas junto a otros sectores. Madres y esposas de las víctimas de la violenta represión, que dejó más de 60 muertos y cientos de heridos, se convirtieron en símbolos de resistencia y lucha por la justicia.
La crisis culminó con la renuncia y huida de Sánchez de Lozada a Estados Unidos. Este hecho no solo dejó una profunda herida en la sociedad boliviana, sino que también sentó las bases para una reconfiguración política que llevó a la llegada de Evo Morales al poder en 2006. La Guerra del Gas subrayó la importancia de las luchas populares en la redefinición de las prioridades nacionales y evidenció la capacidad organizativa y resiliencia de las mujeres en los momentos de crisis.
Foto: José Luis Quintana – Reuters
2004
DE 30% A 50%: PROMULGACIÓN DE LA LEY DE AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS INDÍGENAS
En 2004, se promulgó la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, que estableció la obligación de incluir al menos un 50% de mujeres en las estructuras orgánicas de las agrupaciones. Este avance legal representó un hito fundamental en el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres, especialmente de aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y campesinas, facilitando la integración de sus perspectivas y necesidades en las políticas públicas y comunitarias. Organizaciones feministas y movimientos de mujeres jugaron un papel crucial en la promoción y defensa de esta normativa, reconociendo que la verdadera igualdad de género requiere la participación activa y equitativa de las mujeres en todos los niveles de la sociedad, visibilizando el principio de paridad de manera contundente.
Foto: Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer
LA LEY QUE NUNCA FUE: LEY MARCO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
En mayo de 2004, el Congreso Nacional presentó al entonces presidente Carlos Mesa Gisbert, un proyecto de Ley para garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las y los bolivianos, especialmente de las mujeres, quienes enfrentan barreras significativas para acceder a servicios de salud reproductiva de calidad. Esta propuesta buscaba reconocer la autonomía de las personas sobre sus cuerpos, el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, y el derecho a tomar decisiones libres de discriminación, coerción o violencia, abordando problemáticas urgentes en salud pública y la equidad de género en el ámbito reproductivo y sexual. A pesar de su relevancia, la Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos no logró ser aprobada y desde entonces en Bolivia no se ha implementado una ley específica que cubra de manera integral estos derechos, aunque algunos avances han sido logrados a través de normativas menores y programas específicos, como la incorporación de la educación integral en sexualidad en el currículo escolar y políticas de atención a la salud materna. Sin embargo, estos avances son insuficientes y dejan vacíos en cuanto a la protección y el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente en poblaciones rurales e indígenas.
Foto: Opinión
2006
ASAMBLEA CONSTITUYENTE: ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
El proceso Constituyente en Bolivia representó un hito en el cual las mujeres jugaron un papel fundamental en la transformación profunda del panorama jurídico y social del país.
Mujeres presentes en la historia
Video: Coordinadora de la Mujer
El proceso Preconstituyente
En vistas de la realización de la Asamblea Constituyente, en 2004 se conforma el movimiento “Mujeres Presentes en la Historia”, liderado por una articulación de instituciones y organizaciones como la Coordinadora de la Mujer, el Foro Político de Mujeres, la plataforma de la Mujer y la Articulación de Mujeres por la Equidad e Igualdad AMUPEI, junto a más de 20.000 mujeres en 170 municipios. Todas estas instituciones lograron promover diálogos en 300 espacios de consulta sobre el país que querían construir. En este proceso participativo y plural, las mujeres elaboraron una agenda política con temas clave, como la equidad, la inclusión y derechos específicos de las mujeres, logrando generar incidencia reflejada en la creación de propuestas concretas y articuladas, además de un equipo jurídico que acompañó el proceso para asegurar que estas demandas fueran incorporadas en la redacción de la nueva Constitución. Así, la organización y el consenso entre diversos sectores fueron esenciales para establecer un marco democrático y participativo en la elaboración del nuevo pacto social.
Foto: Coordinadora de la Mujer
La Asamblea Constituyente de 2006
Presidida por la líder campesina Silvia Lazarte, y con una presencia significativa de mujeres en la Asamblea (34%), que incluía a representantes indígenas de distintas comunidades del país, el proceso Constituyente dio inicio el 6 de agosto de 2006 en Sucre, convirtiéndose en una oportunidad sin precedentes para que las mujeres bolivianas fueran reconocidas como sujetas políticas activas. Organizaciones como el movimiento Mujeres Presentes en la Historia, movilizaron a miles en todo el país, llevando propuestas que enfatizaban la equidad de género, la no discriminación y el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, temas que hasta entonces habían sido minimizados en la agenda pública.
La nueva Constitución boliviana resultante de este proceso marcó un avance en derechos específicos para las mujeres, incluyendo el reconocimiento de la igualdad de género, la homologación de derechos a convenciones internacionales, y una fuerte transversalización de género en sus artículos. Además, promovió la inclusión de derechos de participación política, democratización del trabajo doméstico y de cuidados, entre otros. Este avance fue el fruto de un arduo trabajo, donde las mujeres negociaron y defendieron sus derechos en un espacio históricamente dominado por hombres. Así, el proceso Constituyente en Bolivia no solo fortaleció la democracia, sino que impulsó el reconocimiento de las mujeres como agentes claves en la construcción de un nuevo pacto social más justo y equitativo.
Foto: Coordinadora de la Mujer
Conclusión de la Asamblea Constituyente
La Asamblea Constituyente en Bolivia concluyó en diciembre de 2007, después de más de un año de debates y redacción de la nueva Constitución. El proceso de cierre estuvo marcado por conflictos intensos y momentos de gran tensión política entre el gobierno y sectores de oposición, particularmente los representantes de los departamentos del oriente del país, que exigían mayor autonomía y expresaban desacuerdo con varios puntos del nuevo texto constitucional.
Este cierre fue particularmente difícil debido a la polarización entre propuestas que buscaban un Estado más inclusivo y plurinacional, impulsadas por el oficialismo y movimientos indígenas, y las posturas regionalistas y conservadoras de la oposición. Uno de los hitos que marcó esta etapa fue la sesión final en el Colegio Militar de Sucre, celebrada en un ambiente tenso y con estrictas medidas de seguridad debido a enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Las discusiones se realizaron bajo presión, y algunos constituyentes de la oposición se ausentaron en señal de protesta. La aprobación final del texto constitucional requirió ajustes y negociaciones adicionales en el Congreso en 2008, donde se lograron algunos consensos con la oposición.
Foto: Cabildeo Digital
ARTICULACIÓN FEMINISTA EN EL PROCESO CONSTITUYENTE
por Katia Uriona | Feminista. Ex Presidenta del Tribunal Supremo Electoral
EL REFERENDO CONSTITUCIONAL Y EL MOVIMIENTO 21 F Y SU RELACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MUJERES COMO KUÑA MBARETE
El 2016, el gobierno conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera, en calidad de presidente y vicepresidente de Bolivia, intentó modificar la actual Constitución Política de Estado con el objetivo de habilitar la reelección del referido binomio. Como resultado de esta gestión, el 21 de febrero de 2016 se llevó a cabo el denominado Referéndum de consulta constitucional que tuvo importantes repercusiones e implicaciones en la política boliviana. Una de ellas es el posicionamiento del 21- F que es utilizado desde entonces, como discurso opositor al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS).
En esa fecha, la ciudadanía rechazó, con amplia mayoría, la posibilidad de modificación que permitiera la cuarta repostulación del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera, que ejercían el poder desde 2006. Pero el oficialismo no acató la disposición emanada, desarrollando una campaña mediática con el propósito de deslegitimar los resultados del referendo, bajo el argumento de que la población votó influenciada por información falsa, difundida por la oposición. En clara alusión a la vida privada de Evo Morales y su relación con Gabriela Zapata que derivó en el espacio público a raíz de denuncias de corrupción.
En ese contexto, las mujeres jugaron nuevamente un rol trascendental organizándose y participando de manera activa a través de diferentes estrategias de lucha. Una de estas desembocó en la conformación de nuevas alianzas y agrupaciones en Bolivia como Mujeres Fuertes (Kuña Mbarete) que nació en Santa Cruz en diciembre de 2017 con el objetivo principal de defender los resultados del referendo del 21F y la democracia en Bolivia. Definiéndose como defensoras de la democracia, y no como partido político, explicaron que se trataba de un movimiento femenino inclusivo y autofinanciado, que además de defender la democracia practica la resistencia no violenta. La convocatoria para ser parte de esta agrupación fue muy exitosa y de ser un grupo pequeño en redes sociales, en poco tiempo alcanzó alrededor de 300.000 seguidoras.
2008
RED LB BOL: VOZ Y PRESENCIA DE MUJERES DIVERSAS EN BOLIVIA
La Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales de Bolivia (Red LB Bol) se consolidó en 2008, aunque su gestación ocurrió mucho antes, a partir de encuentros nacionales realizados desde 2006. Estos encuentros permitieron a mujeres lesbianas y bisexuales de diversos departamentos unirse, compartir experiencias y plantear demandas específicas, ante la falta de representación en las agendas TLGB. La Red surge gracias al esfuerzo de mujeres como Ángela Fuentes, Marlene Cassis, Pamela Villarroel y Janina Camacho, quienes se pusieron al hombro la tarea de concebirla como un espacio colectivo de apoyo mutuo y activismo, destacándose por su estructura horizontal y no centralizadora. Su presentación pública durante el Congreso TLGB de 2008 marcó un hito al visibilizar las necesidades y luchas de las mujeres lesbianas y bisexuales en Bolivia.
El nombre de la Red refleja su propósito: ser un sostén frente a la exclusión, visibilizar la diversidad y fortalecer el activismo desde la colectividad, construyendo un espacio propio dentro del movimiento.
Foto: RED LB BOL
2009
LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
La promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado se realizó en la ciudad de El Alto, el 7 de febrero de 2009, después de un referéndum que se realizó en enero del mismo año en el que fue aprobada por la mayoría de la población boliviana. Este proceso marcó un hito histórico al consolidar una Constitución que reconocía la plurinacionalidad del Estado boliviano, amplios derechos para las mujeres, y derechos colectivos para los pueblos indígenas, abriendo una nueva etapa en la estructura social y política del país.
Reconociendo a Bolivia como un Estado Plurinacional, la Nueva Constitución incorporó disposiciones clave para garantizar los derechos de las mujeres, marcando una victoria significativa para el movimiento feminista boliviano, que había luchado por años por la paridad de género, asegurando una representación equitativa de mujeres y hombres en todos los niveles de gobierno y promoviendo una participación política más inclusiva y diversa, así como el derecho a una vida libre de violencia, fortaleciendo las medidas de protección y sanción contra la violencia de género. La inclusión de principios de equidad de género en la Constitución refleja el compromiso de Bolivia con una sociedad más justa e inclusiva.
Este avance legal consolida los logros alcanzados en la década anterior y sienta las bases para futuros progresos en la equidad de género en Bolivia, reafirmando el papel esencial de las mujeres en la vida política y social del país.
Foto: Amadbol Bolivia
Foto: Periódico La Razón
LISTAS PARA LAS LISTAS: UNA CAMPAÑA PARA CONTINUAR VIGILANTES AL CUMPLIMIENTO DE LA PARIDAD
Foto: Coordinadora de la Mujer
El Movimiento de Mujeres Presentes en la Historia continuó trabajando por los derechos de las mujeres, y en 2009 implementó la campaña «Listas para las Listas», junto a la Coordinadora de la Mujer, OXFAM e IDEA Internacional, congregando a más de 200 organizaciones e impulsando acciones de incidencia política y comunicación para desmontar discursos que cuestionaban las capacidades de las mujeres para ocupar espacios de decisión. Acciones como vigilias en puertas de la Corte Departamental Electoral de La Paz fueron llevadas a cabo para exigir el respeto a la paridad y alternancia en las candidaturas de mujeres como alcaldesas, concejalas, prefectas, gobernadoras, consejeras o asambleístas departamentales.
Estas acciones permitieron también la articulación y formulación de una agenda conjunta de las mujeres en la que se plasman distintas demandas de diferentes sectores y organizaciones a nivel nacional.
DÉCADA DE 2010
Después de la Asamblea Constituyente, las mujeres lograron mayor representación en cargos de liderazgo y control social, como alcaldías y concejos municipales, gracias a políticas de paridad y alternancia estipuladas en las nuevas normas que regían los poderes del Estado Plurinacional. Estos logros fueron el resultado del trabajo articulado y de alianzas que superaban la ideología partidista y promovían una agenda común que respondiera a los derechos y necesidades de las mujeres. En este contexto, destacaron mujeres como Gabriela Montaño, Elizabeth Reyes, Rebeca Delgado y Jimena Costa.
También se contó con el apoyo de lideresas de la sociedad civil, académicas y organizaciones feministas como la Coordinadora de la Mujer, que jugó un papel articulador entre las mujeres políticas y las activistas de base. En este contexto, se apuntaba a la consolidación de una agenda legislativa feminista que llegó a promulgar leyes emblemáticas como la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
Fue una década en que las condiciones políticas y sociales permitieron la emergencia de mujeres lideresas locales y nacionales como Soledad Chapetón, Susana Rivero, Sonia Brito, Ana Lucía Reis, Adriana Salvatierra, Nélida Sifuentes y Marianela Paco.
Asimismo, el movimiento feminista y movilizaciones como «Ni Una Menos», el «Parlamento de las Mujeres» o el “Aquelarre subversivo” visibilizaron la lucha contra los feminicidios y la violencia de género, usando tanto las calles como las redes sociales para impulsar cambios y realizar denuncias.
En el ámbito económico, programas de microcréditos y capacitación para mujeres rurales e indígenas promovieron su autonomía financiera, reduciendo la brecha económica y fortaleciendo su empoderamiento en las comunidades
2010
INICIO DE LA TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO: LEYES FUNDAMENTALES
Tras la promulgación de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) en Bolivia, el 7 de febrero de 2009, el país se reorganizó como Estado Plurinacional. En este marco, se establecieron leyes fundamentales para su estructura y funcionamiento.
La consolidación del Estado Plurinacional de Bolivia, producto de la Asamblea Constituyente de 2006, transformó el marco legal y estructura de los poderes estatales con la promulgación de leyes fundamentales como la Ley 018 Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley 025 Ley del Órgano Judicial, Ley 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ley 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización «Andrés Ibañez» y Ley 026 Ley del Régimen Electoral. Estas leyes no solo establecieron bases para un Estado inclusivo y descolonizador, sino que marcaron un hito en la lucha por los derechos de las mujeres.
Para las mujeres bolivianas, estas leyes garantizaron avances significativos, como la paridad de género en instancias de representación política, fortaleciendo su participación en espacios históricamente dominados por hombres. En particular, la Ley 018 y la Ley 026 introdujeron principios que combatieron la violencia y el acoso político, mientras que las leyes de autonomía y descentralización permitieron mayor protagonismo a mujeres indígenas y campesinas mayor protagonismo en sus comunidades. Asimismo, las modificaciones al Órgano Legislativo facilitaron la inclusión de agendas feministas y de género en la toma de decisiones.
Estas reformas no sólo respondieron a las demandas históricas de las mujeres bolivianas, sino que promovieron un cambio estructural, fortaleciendo la igualdad y justicia social en el marco del nuevo Estado Plurinacional.
Presupuestos sensibles al género
Después de la Asamblea Constituyente en Bolivia, los presupuestos sensibles al género se incorporaron como herramienta clave para avanzar en la igualdad. La nueva Constitución Política del Estado (2009) incluyó principios de equidad de género, y normas como la Ley 031 de Autonomías y la Ley 026 de Régimen Electoral promovieron su implementación a nivel nacional y subnacional. Los presupuestos sensibles al género se integraron a través de directrices específicas que exigían asignaciones para programas orientados a cerrar brechas de género, como la lucha contra la violencia hacia las mujeres, la salud materna y el fortalecimiento del liderazgo político femenino en todos los niveles del Estado.
PRESUPUESTOS PARA PROMOVER LA IGUALDAD
por Tania Sánchez | Feminista. Directora de la Coordinadora de la Mujer
LEY 045 CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN
La Ley 045 contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, promulgada en Bolivia en 2010, establece un marco legal para erradicar y sancionar actos de racismo y discriminación en el país. Esta ley define claramente diversos tipos de discriminación, incluyendo aquellos basados en género, orientación sexual, identidad cultural, etnia, religión y discapacidad, y establece sanciones tanto administrativas como penales para infractores. Con un enfoque inclusivo y amplio, la Ley 045 no solo se dirige a la discriminación en el ámbito público, sino que también abarca la esfera laboral, educativa, de servicios y medios de comunicación, buscando promover una cultura de igualdad y respeto.
Para las mujeres, esta ley significa un importante avance en la protección de sus derechos, ya que las salvaguarda contra formas de violencia y discriminación específicas por género y etnia, que son especialmente frecuentes en comunidades indígenas y rurales. La ley contribuye a visibilizar y denunciar casos de discriminación que históricamente han sido normalizados, como la violencia psicológica, la exclusión en el ámbito laboral y el trato desigual en servicios públicos. Además, fortalece la responsabilidad de las instituciones en la implementación de políticas de igualdad, lo que ayuda a garantizar un ambiente donde las mujeres puedan vivir y desarrollarse plenamente, libres de discriminación y con acceso equitativo a oportunidades y derechos.
UN COMPROMISO CON LA NATURALEZA: LEY 071 DE DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
La Ley de Derechos de la Madre Tierra, Ley N° 071, fue promulgada el 21 de diciembre de 2010 por el Órgano Legislativo Plurinacional de Bolivia.
La Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra de Bolivia, promulgada en 2010, establece un marco único y pionero al reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos, protegiendo sus ciclos y procesos vitales. Desde una perspectiva de género, esta ley resalta la interdependencia entre los derechos de la Madre Tierra y el rol crucial de las mujeres en la preservación de los ecosistemas. Las mujeres, especialmente en áreas rurales e indígenas, históricamente han tenido una relación directa con la tierra, liderando prácticas de gestión sostenible de los recursos y transmitiendo saberes ancestrales sobre el cuidado de la biodiversidad y los recursos naturales. Al reconocer los derechos de la Madre Tierra, la ley también refuerza la importancia de proteger a las defensoras ambientales que, debido a la división de roles y la distribución de responsabilidades, son quienes más sufren los efectos de la degradación ambiental y el cambio climático. Además, la ley subraya el deber del Estado de garantizar la protección de los recursos naturales y los derechos colectivos, lo cual puede interpretarse como una plataforma que respalda el acceso equitativo de las mujeres a los recursos y la justicia climática. En un contexto donde las mujeres enfrentan barreras en el acceso a la tierra y la participación en la toma de decisiones ambientales, esta ley refuerza la posibilidad de que ellas sean protagonistas en las acciones de defensa y cuidado de sus territorios.
Foto: Periódico La Razón
2012
UN PASO PIONERO EN BOLIVIA PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO: LEY 243 CONTRA LA VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES
En 2012, Bolivia alcanzó un avance crucial en la protección de las mujeres en la esfera política con la promulgación de la Ley 243 Contra la Violencia Política hacia las Mujeres. Esta ley pionera en la región emergió como respuesta a los numerosos casos de violencia y acoso que enfrentan las mujeres en cargos públicos, destacándose el trágico caso de Juana Quispe, una concejala que fue asesinada tras sufrir constante acoso debido a su posición. Su muerte despertó una conciencia nacional sobre la urgencia de proteger a las mujeres en la política y prevenir su exclusión y marginación en espacios tradicionalmente dominados por hombres.
La Ley 243 estableció mecanismos legales para denunciar y penalizar toda forma de violencia contra mujeres en el ejercicio de funciones públicas, abarcando desde agresiones verbales hasta físicas. Este marco legal contribuyó a cambiar la percepción social sobre la participación política femenina, promoviendo una mayor inclusión y seguridad para las mujeres líderes en Bolivia.
Foto: Coordinadora de la Mujer
OBSTACULOS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 243
por Lourdes Montero | Feminista. Doctora en Ciencias Sociales
Caso de Juana Quispe
Juana Quispe, concejala indígena del municipio de Ancoraimes, Bolivia, fue una líder comprometida con la justicia y el desarrollo de su comunidad. Desde que asumió su cargo en 2010, enfrentó hostigamiento constante por parte de autoridades y colegas en su mayoría hombres, quienes, en un intento por mantener el control político, recurrieron a amenazas y violencia para desalentar su participación. Su lucha se vio trágicamente interrumpida en marzo de 2012, cuando Juana fue hallada muerta en circunstancias que evidenciaban la brutalidad del acoso político de género. Su muerte impulsó la promulgación de la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres en 2012, destinada a proteger a mujeres en el ámbito político y sancionar el acoso y la violencia política de género, marcando un hito en la defensa de los derechos políticos de las mujeres en Bolivia.
Finalmente, el 5 de enero de 2024, el Tribunal Cuarto de Sentencia en La Paz, declaró culpables a cuatro exautoridades por el asesinato de la exconcejala, Juana Quispe Apaza, sentenciando a 30 años de cárcel al exalcalde Félix Huanca Flores y al exconcejal Pastor Cutile, y 15 y dos años respectivamente a las exconcejalas Basilia Ramos Callisaya y Exalta Arismendi Villavicencio, a estas dos últimas por complicidad y encubrimiento.
2013
PROTECCIÓN Y JUSTICIA PARA MUJERES: PROMULGACIÓN DE LA LEY 348, LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Bolivia dio un paso significativo en la protección de los derechos de las mujeres con la promulgación de la Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, un marco integral que reconoce 16 tipos de violencia, entre ellos la violencia física, psicológica, sexual, económica, e incluso el feminicidio. Esta ley establece medidas claras de protección y sanción contra los agresores. Este avance fue fruto de años de lucha del movimiento feminista, que demandaba una respuesta firme ante la violencia de género.
La Ley 348 también establece mecanismos clave, como la inclusión de la violencia como delito penal con penas más severas, la creación de campañas de sensibilización y educación, y la implementación de instituciones especializadas en la atención a las víctimas, como ser los SLIM (Servicios Legales Integrales Municipales), instancias que permiten a las mujeres acceder a servicios de justicia, prevención y atención psicológica.
Foto: Oxígeno Digital
Hanalí Huaycho Hanover
La promulgación de la Ley 348, «Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia», estuvo estrechamente vinculada con el asesinato de Hanalí Huaycho, periodista boliviana asesinada en 2013 por su pareja, un oficial de policía. Este caso conmocionó al país, visibilizando la gravedad de la violencia de género y acelerando la aprobación de la normativa como respuesta estatal.
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Creación del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM)
El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) es un mecanismo creado por la Ley 348 (Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia), con el objetivo de ofrecer atención integral a las mujeres víctimas de violencia de género en los municipios. Los SLIM proporcionan servicios gratuitos de asesoría legal, psicológica y social, y acompañan a las mujeres durante el proceso judicial. Fueron establecidos por la Ley 243 (Ley del Órgano Electoral Plurinacional), que impulsa la creación de mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y protección a las mujeres.
Por un lado, sus fortalezas radican en el acceso gratuito y especializado para mujeres víctimas de violencia, brindando atención legal, psicológica y social integral. Además, permiten acompañamiento continuo en el proceso judicial y cuentan con coordinación local, lo que facilita la atención personalizada y la implementación de medidas de protección a nivel municipal. Sin embargo, existen dificultades en su funcionamiento, como la falta de recursos humanos y financieros suficientes, especialmente en zonas rurales. Además, persisten problemas de capacitación y sensibilización del personal, lo que afecta la calidad de la atención. La coordinación insuficiente entre instituciones también limita la efectividad de los SLIM, dificultando la implementación de medidas de protección y reparación para las víctimas de violencia.
2014
RESULTADOS DE LAS ELECCIONES GENERALES DE 2014: UN HITO PARA LA PARIDAD EN BOLIVIA
En 2014 Bolivia alcanza un hito histórico en las elecciones generales: las mujeres ocuparon el 53% de los escaños en la Cámara de Diputados y el 47% en el Senado. Este avance consolidó a Bolivia como el segundo país de la región con mayor representación femenina en el parlamento, fortaleciendo su compromiso con una democracia paritaria e inclusiva, aunque los progresos en el nivel ejecutivo siguieron siendo más limitados.
Este logro es resultado del marco normativo implementado con la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, pero también es resultado de las acciones conjuntas y sostenidas que el movimiento de mujeres realizó a lo largo de los años. La campaña «Listas para las listas» fue un primer episodio de exigibilidad al cumplimiento de la paridad. En 2014 la nueva campaña «50 y 50 Paridad es ahora» implementó una acción comunicacional y política que buscaba visibilizar a las mujeres como una fuerza política activa, viva y altamente representativa, constituyéndose en un hito para la construcción de la segunda agenda de las mujeres.
Foto: NODAL
Foto: Erbol Digital
TRANSFORMACIÓN JUDICIAL Y LUCHA FEMINISTA: LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0206/2014
La Sentencia Constitucional Plurinacional 0206/2014 en Bolivia fue un fallo crucial emitido por el Tribunal Constitucional en respuesta a un pedido de inconstitucionalidad sobre varios artículos del Código Penal relacionados con el aborto. Hasta ese momento, el aborto en Bolivia solo era permitido en casos de violación, incesto o riesgo de vida para la mujer, y requería autorización judicial previa. La sentencia, que marcó un cambio importante, eliminó el requisito de la autorización judicial, simplificando el acceso al aborto en estas causales y facilitando el ejercicio de los derechos de las mujeres en situaciones críticas. Esta decisión fue interpretada como un avance para la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y como un paso hacia el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en Bolivia, donde las barreras legales y sociales históricamente han limitado la capacidad de decisión de las mujeres sobre su salud.
El logro de la Sentencia Constitucional 0206/2014 fue impulsado en gran medida por la presión y el activismo de colectivos y organizaciones feministas, quienes denunciaron durante años las injusticias y consecuencias de la falta de acceso al aborto seguro, sobre todo en casos de violencia sexual. Estas organizaciones desarrollaron campañas de sensibilización y movilización, argumentando que el acceso al aborto en condiciones seguras y sin trabas administrativas era un derecho humano esencial y una cuestión de justicia social. Su papel fue fundamental para visibilizar las realidades de las mujeres afectadas por la criminalización del aborto y generar el debate necesario en la sociedad boliviana sobre los derechos reproductivos. La sentencia reflejó así el impacto de la lucha feminista en la promoción de políticas que respeten la autonomía y los derechos de las mujeres, en un contexto donde persisten las barreras culturales y legales que intentan limitar la igualdad de género.
Foto: Opinión Bolivia
Tu Voz Cuenta : Derecho al aborto
LUPE PÉREZ EN EL CONVERSATORIO DE SOCIALIZACIÓN DE LA SENTENCIA 206/2014. EXPONIENDO ARGUMENTOS PARA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO EN NUESTRO PAÍS
por LUPE PÉREZ | Feminista. Activista Campaña 28 de Septiembre
2016
PROMULGACIÓN DE LA LEY 807 DE IDENTIDAD DE GÉNERO DE BOLIVIA
La Ley de Identidad de Género de Bolivia, Ley N° 807, promulgada en mayo de 2016, permite a personas transgénero y transexuales el derecho a cambiar su nombre, imagen y datos de género en documentos oficiales, como el carnet de identidad y el registro civil. Esta ley se considera un hito en derechos humanos en Bolivia, ya que reconoce y legitima la identidad de género de cada persona sin necesidad de procesos judiciales o requisitos médicos, como cirugías de reasignación de género. La ley fue impulsada por organizaciones y colectivos LGBTIQ+ y refleja el compromiso del Estado boliviano hacia el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su identidad de género.
Esta ley representa un avance significativo en la lucha contra la discriminación y la violencia hacia las personas trans, quienes enfrentan altos niveles de estigmatización y exclusión social. Al permitir el reconocimiento de la identidad de género auto-percibida, la Ley 807 fortalece el acceso de las personas trans a derechos fundamentales, como el empleo, la educación, la salud y la participación en la vida pública. Este reconocimiento legal también contribuye a deconstruir las normas de género rígidas y permite un mayor respeto hacia las diversas expresiones de identidad, promoviendo una sociedad más inclusiva y equitativa para todas las personas.
Foto: Opinión Bolivia
2018
MÁS ALLÁ DE LA PARIDAD NUMÉRICA: LA LEY 1096 Y EL IMPULSO A LA DEMOCRACIA PARITARIA EN BOLIVIA
El 1 de septiembre de 2018 se aprobó la Ley de Organizaciones Políticas en Bolivia, que exige a los partidos políticos promover la democratización interna y crear mecanismos específicos para enfrentar la violencia política hacia las mujeres. Esta ley establece que los partidos deben contar con un régimen de género y despatriarcalización para asegurar la inclusión efectiva de mujeres en sus estructuras, abordando la falta de representación femenina desde la base, así como adaptar sus estatutos y reglamentos para cumplir con la paridad de género y favorecer la participación de mujeres en puestos de poder y decisión, asegurando que la inclusión sea un proceso integral y no solo una obligación numérica. Por otro lado, establece obligaciones para el OEP, referidas a vigilar y garantizar el cumplimiento de los principios de paridad y alternancia.
La promulgación de esta ley busca ir más allá de la paridad numérica y pretende garantizar un proceso más profundo en cuanto a la igualdad de condiciones y oportunidades para las mujeres con la llamada democracia paritaria, un modelo inclusivo donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad.
Foto: Brújula Digital
2019
SEPMUD: Hacia la institucionalidad del mecanismo para el adelanto de las mujeres.
El SEPMUD (Servicio Plurinacional de la Mujer y de Despatriarcalización «Ana María Romero») es una institución pública descentralizada del Ministerio de Justicia, creada el 16 de enero de 2019 mediante Decreto Supremo 3774. Cuenta con autonomía administrativa, financiera, legal y técnica, así como patrimonio propio, el SEPMUD trabaja en la promoción de los derechos de las mujeres y en la erradicación de la violencia y discriminación hacia ellas dentro del aparato estatal. Esta institución ha asumido un rol fundamental en el avance de la despatriarcalización en Bolivia, operando de manera independiente y especializada desde el 8 de marzo de 2019, fecha en la que inició sus funciones oficialmente.
Como entidad técnica, el SEPMUD monitorea y evalúa el cumplimiento de políticas públicas y normativas que buscan asegurar el acceso equitativo de las mujeres a recursos económicos, empleo, tierra, tecnología, y servicios. Además, fomenta la coordinación entre mujeres autoridades y representantes de sectores diversos (central, departamental, municipal e indígena) para implementar políticas que permitan a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos. A través de su labor, el SEPMUD impulsa programas y proyectos integrales que promueven la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, asegurando que sus necesidades y derechos sean reconocidos en todos los niveles de la vida pública y privada.
Tania Sánchez
SEPMUD: LUCHA DESCENTRALIZADA POR LA IGUALDAD Y JUSTICIA DE GÉNERO
por Tania Sánchez | Feminista. Directora de la Coordinadora de la Mujer
#PROTAGONISTAS: UNA AGENDA PARA LA IGUALDAD
Entre 2019 y 2020, la Coordinadora de la Mujer e IDEA Internacional impulsaron la campaña #Protagonistas: Paridad – Poder – Juventudes para garantizar la paridad en las candidaturas y visibilizar el rol de mujeres jóvenes en la política boliviana. La iniciativa promueve propuestas desde las agendas políticas de mujeres y juventudes, exigiendo que todos los partidos las incluyan. Bolivia lidera en representación femenina legislativa, pero el desafío es lograr una Democracia Paritaria, con igualdad en acceso y ejercicio del poder. La campaña, construida participativamente, busca enfrentar la violencia, la discriminación y la exclusión histórica, ofreciendo información para que fuerzas políticas, sociedad civil y medios apoyen los derechos de quienes han sido históricamente marginadas en la política.
RUPTURA CONSTITUCIONAL: RENUNCIA, CONFLICTO Y TRANSICIÓN
El detonante fue el controvertido proceso electoral del 20 de octubre de 2019, cuando Evo Morales se postuló para un cuarto mandato, pese a los resultados del referéndum en 2016 en el que el 51% de la población rechazó la reelección indefinida. La postulación de Morales, amparada posteriormente por un fallo judicial, generó descontento en diversos sectores de la sociedad que salieron en protestas masivas en todo el país luego de la interrupción de la transmisión del conteo de votos y la aparición de papeletas de sufragio en distintos puntos del país. El conflicto escaló con paros y bloqueos nacionales, enfrentamientos, e incluso la intervención de policías y militares, quienes sugirieron a Morales renunciar y buscó asilo en México junto al vicepresidente Álvaro García Linera y la exministra Gabriela Montaño, mientras el país ingresaba en una etapa de crisis política e institucional.
Foto: Maggy Talavera, Periodismo sin Photochop
JEANINE ÁÑEZ
Asumió la presidencia interina de Bolivia desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 7 de noviembre de 2020, representando a una facción de valores más conservadores y opuesta al MAS.
Si bien fue relevante ver a una mujer asumir la presidencia, su mandato enfrentó críticas por varias decisiones políticas, la represión ejercida durante las manifestaciones, y la falta de políticas que abordaran las necesidades de las mujeres en un contexto de creciente violencia de género y feminicidios.
Jeanine Áñez asume la presidencia de Bolivia
Video: El País
El feminismo boliviano observó el rol de estas mujeres desde una postura crítica, resaltando la forma en que el contexto político expuso a cada una de ellas a presiones particulares por su género. Y reflexionando sobre la necesidad de un liderazgo femenino comprometido con los derechos y la igualdad de género más allá de las divisiones políticas.
RUPTURA CONSTITUCIONAL Y VIOLENCIA PATRIARCAL
por Tania Sánchez | Feminista. Directora de la Coordinadora de la Mujer
SITUACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) RENUNCIA Y POSTERIOR APREHENSIÓN DE LOS VOCALES
La crisis política en Bolivia alcanzó un punto crítico luego de que las elecciones nacionales del 20 de octubre de 2019 derivaron en denuncias de fraude, ocasionando la renuncia del ex presidente Evo Morales, del vicepresidente Álvaro García, de Adriana Salvatierra, presidenta del Senado, Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, junto a diferentes autoridades entre ministros, gobernadores, alcaldes y asambleístas.
El 21 de octubre, luego de que la oposición comenzara a difundir maniobras de fraude electoral por considerar retrasos sospechosos en la difusión de resultados, el TSE informó que el escrutinio provisorio con el 95,63% de votos escrutados, situaba a Morales a menos de un punto de la victoria cuando aún había que escrutar más del 4% de las mesas, generando una fuerte convulsión social. El 23 de octubre, Evo Morales denuncia que los cuestionamientos tienen base racista y que se trataba de un golpe de Estado.
En ese contexto, el 10 de noviembre de 2019, María Eugenia Choque, presidenta del Tribunal Electoral (TSE) en aquel entonces, presionada por las denuncias en contra del TSE presentó renuncia con carácter irrevocable, pidiendo una investigación de acuerdo a normativa nacional y apego a los derechos humanos. Al día siguiente, y luego de la publicación de un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalando que se advertían irregularidades en el cómputo electoral lo que impedía validar los resultados, Choque fue detenida junto al ex vicepresidente Antonio Costas, y algunos vocales electorales departamentales. En un operativo policial realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), que no cumplió con los procedimientos regulares, Choque y Costas fueron presentados a la prensa, enmanillados y en medio de empujones, como si se tratara de delincuentes comunes. El 12 de noviembre Choque fue enviada con detención preventiva al penal de Obrajes y el 24 de septiembre de ese mismo año se le concedió detención domiciliaria. En el año 2021, la Fiscalía cerró el denominado caso fraude electoral con el sobreseimiento de todos los implicados.
2020 EN ADELANTE
Tras la renuncia del presidente Evo Morales en 2019, Bolivia vivió un periodo de crisis social y política que se vio acrecentado con la llegada de la pandemia del Covid-19 y que tuvo un impacto multidimensional y global. Sin embargo, golpeó de manera desproporcionada a las mujeres, sobre todo a aquellas que vivían en situación de violencia, quienes durante el confinamiento tuvieron que convivir con sus agresores y sobrellevar la acrecentada carga de trabajo de cuidado no remunerado.
El gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez convocó a elecciones y en 2020 se impuso el Movimiento al Socialismo (MAS), con Luis Arce Catacora como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente. Este hecho fue crucial para la estabilidad política del país.
En tanto, mujeres en la política como Andrea Barrientos, Nadia Cruz, Betty Yañíquez, entre otras, se convirtieron en referentes en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, en un contexto en el que volvieron a cobrar fuerza sectores conservadores y contrarios al avance de los derechos de las mujeres. La Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, fue blanco de muchos ataques.
En el ámbito económico, el gobierno central y los gobiernos locales promovieron políticas orientadas a la autonomía económica de las mujeres, promoviendo programas de apoyo a emprendimientos y la reducción de la brecha salarial de género. No obstante, las políticas extractivistas y la explotación irresponsable de los recursos naturales siguen afectando gravemente a las comunidades más vulnerables, donde las mujeres son las principales perjudicadas, especialmente en términos de salud y bienestar. Esto subraya la necesidad de un cambio en el enfoque de desarrollo, que reconozca el papel fundamental de las mujeres no solo en la economía familiar, sino también en la gestión sostenible de los recursos naturales.
A pesar de las adversidades y las constantes resistencias de un sistema patriarcal, las mujeres de Bolivia siguen siendo protagonistas fundamentales y agentes imprescindibles de transformación social y política.
2020
INTERNACIONAL
CRISIS SANITARIA POR COVID-19
Antes de la pandemia, el trabajo de las mujeres en distintos espacios, ya sea remunerado o no remunerado, revelaba profundas desigualdades de género y ponía en evidencia las dificultades que enfrentan en ámbitos laborales. El impacto de la crisis sanitaria por el Covid-19 en Bolivia incrementó estas desigualdades, fomentando, además, el desarrollo de multiplicidad de actividades para las mujeres en el mismo espacio y al mismo tiempo.
Asimismo, el confinamiento incrementó la violencia de género en Bolivia, donde miles de mujeres quedaron atrapadas con sus agresores, mientras las rutas de salida y protección resultaron insuficientes. Las llamadas de auxilio a líneas de emergencia crecieron exponencialmente, mostrando la necesidad de servicios de apoyo sólidos y accesibles para enfrentar estas emergencias. Aunque se implementaron políticas de atención a víctimas, la falta de recursos y la saturación de los servicios limitó la efectividad de estas medidas, que tampoco contemplaron los riesgos específicos que enfrentan las mujeres en contextos de encierro y aislamiento. El confinamiento también generó un aumento de la violencia sexual contra las niñas, ocasionando mayores dificultades para mantener su escolarización. También aumentó el riesgo de la ciberviolencia al estar más expuestas en las redes y a los depredadores sexuales.
Los ataques violentos y el acoso contra el personal sanitario, integrado en su mayoría por mujeres, tanto en viviendas como en medios de transporte, pusieron en evidencia la falta de campañas de prevención diseñadas para responder ante la situación derivada de la emergencia del Covid-19.
El confinamiento también agudizó la crisis del cuidado, ampliando la carga de trabajo para las mujeres, más aún en hogares habitados por grupos de riesgo (niños/as, personas adultas mayores, con discapacidad o con enfermedades crónicas). La transformación de la cotidianeidad y la masificación del teletrabajo implicó una correlación muy estrecha entre espacio doméstico y laboral, afectando en gran medida a las madres trabajadoras, con sobrecarga de trabajo de cuidados, y afectación a su salud mental.
Foto: Periódico Opinión
Foto: La Razón Digital Bolivia
La pandemia afectó severamente la economía boliviana y, en general, la economía mundial. Por un lado, las trabajadoras en sectores no formales, que constituyen el 80% de este tipo de economía en Bolivia, sufrieron un fuerte golpe, viéndose forzadas a salir a trabajar pese al riesgo de contagio o perder sus ingresos sin alternativas de apoyo económico. Por otro lado, 9 de cada 10 trabajadoras del hogar perdieron su trabajo durante la pandemia de Covid-19 en Bolivia, muchas de ellas después de haber dedicado gran parte de su vida a este duro trabajo, quedando en estado de vulnerabilidad y sin contar con un seguro de salud que las ampare.
La crisis sanitaria develó la fragilidad del sistema de salud. Las mujeres estuvieron en la primera línea de atención sin equipos de protección o seguridad necesarios, viviendo jornadas extenuantes y riesgos mayores de contagio. La falta de inversión en salud expuso cómo en momentos de crisis son las mujeres quienes soportan la mayor parte del esfuerzo sin una adecuada retribución ni reconocimiento.
Esta crisis ha dejado lecciones importantes para Bolivia: es necesario un enfoque de género en la respuesta a emergencias sanitarias y proteger los derechos de las mujeres para construir una sociedad resiliente y equitativa.
2022
INTERNACIONAL
LA XV CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MUJER DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ANALIZA LA SITUACIÓN POST COVID EN LA REGIÓN Y SU IMPACTO EN LA VIDA Y ECONOMÍA DE LAS MUJERES
La XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe se celebró en Buenos Aires, Argentina, del 7 al 11 de noviembre de 2022. Organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con ONU Mujeres, el evento reunió a representantes gubernamentales, organizaciones feministas, activistas y otros actores clave de la región. Su objetivo fue evaluar el progreso y los desafíos en la implementación de políticas de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el contexto de la recuperación económica y social post-COVID-19.
Durante la conferencia, se hizo hincapié en la creación de un “pacto feminista para la justicia económica”, el cual reconoce las desigualdades de género que la pandemia exacerbó, especialmente en el ámbito laboral, y busca respuestas integrales para la igualdad económica de las mujeres en la región. Además, se discutieron temas clave como el trabajo de cuidados no remunerado, la violencia de género y la participación de las mujeres en la toma de decisiones, con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible que priorice la equidad y justicia para las mujeres en todos los ámbitos.
Foto: Observatorio Ciudadano
2023
LA EDUCACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD SE INSERTA EN EL CURRÍCULO EDUCATIVO BOLIVIANO
En 2023, el Ministerio de Educación de Bolivia aprobó la inclusión de la Educación Sexual Integral (ESI) en el currículo educativo. Esta decisión se fundamentó en la necesidad de ofrecer a estudiantes conocimientos y habilidades para prevenir diversas formas de violencia, promover la igualdad de género, y desarrollar un conocimiento claro y seguro sobre sus cuerpos y emociones. Los contenidos de la ESI no solo abordan temas de cambios físicos y sexuales, sino que incluyen elementos clave sobre la gestión de emociones, las relaciones interpersonales y el reconocimiento de derechos desde una perspectiva preventiva e informativa.
Esta iniciativa tiene como objetivo educar a niños y adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos humanos, buscando reducir situaciones de violencia y abuso, así como promover la igualdad de género. A pesar de estos objetivos, sectores conservadores y la Iglesia Católica en Bolivia se opusieron enérgicamente, argumentando que el currículo introduce «ideología de género» y conceptos inadecuados para menores. La Iglesia llegó a describir el currículo como «pervertido», manifestando preocupación de que pudiera confundir o influir en las identidades de género de las y los estudiantes. Sin embargo, especialistas y defensores de derechos humanos, como la Coordinadora de la Mujer, destacan que la ESI es crucial para el desarrollo de competencias que ayuden a prevenir abusos y acoso. Y argumentan que estos contenidos están adaptados de manera gradual según la edad y son necesarios para empoderar a los jóvenes, permitiéndoles tomar decisiones informadas sobre su bienestar físico y emocional.
Foto: ABI
Senado y la Coord. de la Mujer saludan inclusión de la Despatriarcalización en Curricula Educativa
Foto: Bolivia TV Oficial
2024
XI FORO SOCIAL PANAMAZÓNICO EN BOLIVIA
El XI Foro Social Panamazónico (FOSPA), realizado en el municipio beniano de Rurrenabaque del 12 al 15 de junio de 2024, abordó en profundidad los derechos de las mujeres y su relación con la defensa de sus territorios, en un contexto marcado por la explotación y el despojo territorial. Este foro contó con la participación de mujeres líderesas de toda la región panamazónica que denunciaron cómo el extractivismo y la falta de protección estatal afectan desproporcionadamente a las mujeres, en particular a aquellas de comunidades indígenas. Entre las actividades destacadas, el Tribunal Ético de Justicia presentó siete casos de violencia y despojo territorial, ilustrando cómo estas dinámicas impactan en la vida de mujeres en Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador, desde la militarización de sus tierras hasta la violencia sexual contra niñas en comunidades vulnerables.
La importancia del FOSPA en la defensa de los derechos de las mujeres radica en su enfoque sobre la intersección entre el patriarcado y el colonialismo, en el cual las mujeres se ven obligadas a resistir múltiples formas de opresión. Este espacio de articulación también facilitó el fortalecimiento de redes entre las mujeres indígenas, quienes están en la primera línea de defensa frente a la destrucción ambiental y las agresiones a sus cuerpos y territorios. Además, el tribunal se presentó como un acto simbólico de justicia, llamando a la protección y el respeto de los derechos de las mujeres y subrayando su rol central en la lucha por la sostenibilidad de la vida en la región panamazónica.
Foto: FOSPA 2024
#JUNTASHACEMOSHISTORIA
Foto: Coordinadora de la Mujer
En 2024, mujeres pertenecientes a diferentes regiones de Bolivia comenzaron el proceso de construcción de la agenda país desde la mirada de las mujeres diversas y plurales, con el objetivo de articular propuestas para fortalecer el tejido social, profundizar la democracia y avanzar en el proceso de despatriarcalización en Bolivia. Este proceso conjunto ha permitido avanzar hacia una visión compartida, fortaleciendo la lucha colectiva y unificada de las mujeres.
2025
AGENDA PAÍS
Las mujeres son parte sustancial de la lucha por las grandes transformaciones históricas en el país, por las reivindicaciones sociales, la conquista de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. A lo largo de nuestra historia, han sido mujeres valientes las que, con un firme compromiso por el cambio estructural, participaron en los procesos emancipadores que condujeron a la independencia de Bolivia en 1825, a los cambios fundamentales de 1952 y a la recuperación de la democracia en 1982, hitos que sentaron las bases de la sociedad boliviana.
En el siglo XXI, las mujeres participaron activa y propositivamente en la Asamblea Constituyente que derivó en la construcción de la Constitución Política del Estado (2009) y de la legislación complementaria, no solamente para reafirmar la democracia, sino también para ampliar los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrobolivianos, promoviendo así la inclusión y la igualdad. Sin embargo, aún se enfrentan desafíos significativos. Se necesitan transformaciones estructurales que eliminen la exclusión, el racismo y las relaciones de poder inequitativas que se manifiestan en la violencia contra las mujeres, naturalizada y reproducida por nuestra cultura. La conquista de los derechos de las mujeres fue un camino largo y difícil, con múltiples barreras de género que dificultaron ser reconocidas en tanto sujetos sociales y políticos.
Con el objetivo de recoger toda esta lucha histórica y proyectarse hacia el futuro, es que en abril de 2025 se presentó la Agenda país “Por una Bolivia con igualdad” desde la mirada de las mujeres, un documento que constituye una hoja de ruta para una Bolivia más justa, más democrática y con una economía que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida. Éste fue construido colectivamente por más de 1.500 mujeres autoconvocadas y representantes de más de 550 organizaciones sociales de todas las regiones del país y presentado a instituciones de la sociedad civil y delegados de los partidos políticos vigentes en Bolivia.
La Agenda país fue dividida en cinco pilares priorizados en más de 50 espacios de diálogo desarrollados a nivel nacional, con la participaron de lideresas sociales, académicas, especialistas, trabajadoras, jóvenes, amas de casa y mujeres políticas. Estos pilares son:
- Justicia económica y sociedad del cuidado
- Justicia ambiental con justicia de género
- Justicia social y una sociedad sin violencias
- Autonomía del cuerpo: derechos sexuales y reproductivos
- Democracia paritaria intercultural
Con relación al pilar 1, referido a Justicia económica y sociedad del cuidado, la Agenda país plantea transformaciones profundas que van desde un modelo que redistribuya el poder y los recursos, hasta una economía que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida.
Respecto al pilar 2, referido a Justicia ambiental con justicia de género, las propuestas buscan dar respuestas a la crisis ambiental y a los severos efectos del cambio climático -que tienen mayor impacto sobre las mujeres- con un enfoque integral en el que la sostenibilidad, la igualdad y el respeto por la naturaleza sean la base y orientación de las políticas económicas, sociales yambientales.
En cuanto al pilar 3, Justicia social y una sociedad sin violencias, la presidenta de la Red Nacional de Promotoras Comunitarias en Prevención de la Violencia en Razón de Género, María Talía Guisbert, tuvo a su cargo la presentación de propuestas. Entre las más importantes se encuentran una reforma integral del sistema de justicia, recursos suficientes para prevenir y sancionar la violencia de género, y la creación del Registro Nacional de Asistencia Familiar (RENAF). También, la prohibición del matrimonio infantil y la implementación plena de la Ley 348.
Con relación al pilar 4, Autonomía del cuerpo: derechos sexuales y reproductivos, éste propone políticas públicas para garantizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos, con especial énfasis en la prevención del embarazo adolescente y la revisión del Código Penal conforme a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Finalmente, respecto al pilar 5, Democracia paritaria intercultural, la Agenda país exige, entre otras cosas, paridad real en todos los niveles de gobierno, incluidos los binomios presidenciales, y la implementación efectiva del principio de interculturalidad.
La Agenda país busca constituirse en una herramienta base para que juntas y juntos se pueda construir una sociedad donde la igualdad, la inclusión y la justicia social sean una realidad para todas y todos. Se siguen renovando sueños y ampliando derechos. En ese camino, las mujeres están presentes con propuestas propias, nacidas desde el intercambio de voces y experiencias para transformar el país.
¡Por una Bolivia con igualdad, más justa e inclusiva!
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